El respeto a la voluntad popular constituye el fundamento inicial del sistema democrático; aceptar los resultados electorales, cualesquiera que éstos fuesen y por muy alejados de los propios que resultasen, supone un mínimo para quien contiende dentro de este sistema. El respeto de esta volutad de la ciudadanía en las urnas y la renuncia a la perversión de la misma por medio de vericuetos que, aunque pudieren resultar conformes a la ley no lo son si los contemplamos desde la ética, supone el mínimo exigible para quien contiende, renunciando así a todo beneficio espúreo.

Resulta evidente que los acontecimientos que hemos vivido recienemente de Dénia han discurrido por otos derroteros. El cambio que el Partido Popular ha liderado en la alcaldía de Dénia puede que resulte legal, pero se aleja de toda ética e incluso de la coherencia propia de este partido. Supone una flagrante transgresión del Pacto Antitransfugismo, que parece sólo querer aplicarse según beneficie o no las propias siglas -y aquí el mal es de muchos-, y también desautoriza al propio líder del partido, Mariano Rajoy, cuando se cansó de repetir que debiera de ser la lista más votada quien encabezase el gobierno, tanto municipal como autonómico o estatal.

En Dénia, el Partido Popular, con el apoyo de los partidos de la oposición junto con el de Centre Unificat, que también era parte del gobierno municipal al menos en apariencia, planifica el asalto al poder-y hasta aquí nada hay que objetar- contando para estos sus fines con el concurso necesario de un concejal tránsfuga, un individuo que había militado en el Partido Socialista Obrero Español hasta apenas seis meses antes. Pareciera que es en este punto en donde la ética se rompe y en donde cualquier demócrata aseveraría que el fin no justifica los medios. Parece obvio que este razonamiento no es compartido ni por la Sra. Kringe ni por la dirección provincial y nacional de su partido, el Partido Popular.

Si la ética democrática desautoriza al Partido Popular, la práxis cuestiona los procedmientos por los cuales el Partido Socialista confecciona sus candidaturas. El PSOE colocó en sus candidaturas al Parlamento de Madrid a dos personajes como Tamayo y Sáez; la izquierda ganó aquellas elecciones haciendo público su acuerdo de llegar al poder sumando sus fuerzas, quien les votó no fue por tanto engañado. Después ocurrió lo que el votante demócrata mantiene en el recuerdo con amagura, y hoy el Partido Popular disfruta de la mayoría en la asamblea regional.

En Dénia el Partido Socialista revalidó su victoria de 2004 con un impotante aumento de votos y concejales; el respaldo a un progama que apostaba por el respeto al territorio, el crecimiento sostenible, la participación ciudadana, la consecución de terrenos dotacionales, la gestión democrática del suelo y el aumento de los servicios sociales encabezado por la entonces alcaldesa Francesca Viciano resultó incontestable y en consecuencia no se puede afirmar que los votantes socialistas hayan sido traicionados, como mantienen empecinadamente el tránsfuga y alguno de sus voceros.

La traición viene pues del otro lado, de quien interpreta un acta de concejal como si fuese un título de propiedad individual. Se dice que el transfuga se lleva la parte alicuota de votos que su presencia en la candidatura aportó. No parece creíble adentrarse en este terreno de la especulación; también podríamos preguntarnos cuánto elector decidió no apoyar al Partido Socialista en Dénia precisamente en desacuerdo con la presencia de elementos de tan poca categoría y capacidad. Esta realidad tiene un responable y bien haría el Partido Socialista en realizar una seria autocrítica para evitar la repetición de estos hechos en el futuro.

Finalmente, estas actuaciones torpedean no ya la ilusión y el respeto democrático sino especialmente la afección de la ciudadanía al sistema, empujando hacia la indefectible deserción del mismo. Cabe plantearse qué sentido tiene acudir a las urnas y que de éstas surja un mandato claro para que esta voluntad se subvierta con espúreas maniobras. Visto lo visto no es extrañar que la derecha de este país tenga serias objeciones ante una asignatura como Educación para la Ciudadanía; puestos a ofrecerla es mejor hacerlo en inglés que así el alumnado la entenderá menos.

Juli Martínez Torija/Ex-edil de Planeamineto Urbanístico de Dénia

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