El Estado surgido de
la Constitución de 1978
es una Estado descentralizado en el que se opera una amplía redistribución
territorial del poder político. La soberanía pertenece al Estado de forma
indivisa e irrenunciable, aunque se produce en su seno una amplía
descentralización de competencias, incluidas las legislativas.
El
profesor Garcia de Enterría dice que las Comunidades Autónomas no son simples
entes administrativos de gestión de intereses subalterno, sino que poseen una
verdadera sustancia política por su misma posición constitucional y,
paralelamente, cuentan con un elenco de funciones y de poderes que igualmente
tienen naturaleza política, como revela, de manera especial, la circunstancia
de que cuentan para la gestión de tales funciones con el poder político por
excelencia, que es el poder legislativo, el poder de hacer leyes formales y,
por tanto, de configurar políticas propias con la máxima amplitud, en cuanto
que ordenadas directamente de
la Constitución. Los principios de unidad,
autonomía, competencia, igualdad y solidaridad, son los principios
jurídico-políticos sobre los que se asienta el modelo desarrollado por el
Titulo VIII de nuestra constitución.
En un
estudio de Utrilla, Sastre y Urbanos se trata de dar respuesta a las siguientes
preguntas: ¿cómo contribuye cada autonomía al funcionamiento de las
Administraciones Públicas? ¿qué recibe cada una de ellas de las
Administraciones Públicas?. El profesor Ezequiel Utiel se formula así mismo
otras preguntas: ¿Cómo imputar regionalmente los ingresos de
la Administración
Pública Central? Y ¿Cómo imputar regionalmente sus gastos? A
partir de dichas respuestas se obtienen los saldos de las balanzas fiscales.
Las Balanzas Fiscales son por tanto necesarias para conocer la contribución que
cada comunidad autónoma realiza a la solidaridad interrritorial, pero no se
deben utilizar para proyectar las reivindicaciones políticas de un determinado
territorio. Hay que tener muy claro que el estado Autonómico ha sido y es algo
positivo, pero se puede convertir en una pelea entre familias, sobre todo si
los políticos de las autonomías más prósperas utilizan un discurso demagógico.
En un
informe del profesor Alberto Recarte (el cual me referiré en este artículo)
sobre “El engendro de las balanzas fiscales autonómicas” manifiesta que
últimamente se suceden los estudios, en un próximo artículo escribiremos sobre
el informe de
la Fundación BBVA,
que valoran las balanzas fiscales de las distintas autonomías y que, en líneas
generales, han valorado en torno a 12.000 millones de euros la aportación neta
de Madrid y de 10.000 millones de euros la de Cataluña. En su opinión las bases
del estudio del BBVA no son muy sólidas porque primero identificaningresos en caja en las delegaciones de
Hacienda de las distintas autonomías, como distribución de las mismas. Para
cuantificar los gastos, utilizan la documentación oficial, la cual, a su vez,
como reconoce el propio Ministerio de Hacienda, tiene problemas de adscripción,
sobre todo en el caso de las inversiones, hasta el punto de que cerca del 40 %
de todas las inversiones públicas se consideran no regionalizables. El profesor
Recarte a continuación explica su escepticismo respecto a los cálculos y sobre
el error que significa no tener en cuenta las balanzas fiscales históricas, las
obligaciones de la seguridad social, la deuda pública de la administración
central y, sobre todo, el efecto de las políticas económicas generales.
La UE transfiere a España actualmente
alrededor de 6.400 millones de euros, lo que supone el 0,8 % nuestro PIB; la
mayor parte de esta contribución es de Alemania, teniendo en cuenta que
Alemania soporta un altísimo déficit público. El objetivo es aumentar la renta
per capita de nuestras regiones más atrasadas. La ayuda de
la UE se produce no sólo por
generosidad, sino como una forma de compensar la apertura del mercado español a
las empresas más competitivas de los países de
la Unión.Los impuestos y las
personas, los impuestos no lo pagan las autonomías, sino las personas y, en
este sentido, toda la información disponible indica que quien paga es la clase
media. La unidad nacional, España es una unidad en la que los ingresos, y los
gastos, deben estar determinados por los intereses de la nación en su conjunto,
lo que debería llevar a modificaciones en la política de gasto en función de
las necesidades de la economía nacional; en la actualidad, la extensión del AVE
para gran parte de España y el plan hidrológico nacional, son políticas
nacionales que ayudan a la vertebración del territorio, a hacer de España un
mercado único en el que todos tengan las mismas oportunidades, y la competencia
sea efectiva. ¿A quién beneficia esas inversiones? ¿Hay alguien capaz de
distribuir entre las distintas autonomías esos gastos y, a continuación,
defender que los intereses de cada autonomía van a mejorar en proporción a lo
que haya invertido – físicamente- en ellas?.
Veamos
los ingresos públicos por los principales impuestos. Es evidente, como señala
en su informe Alberto Recarte, que en relación con los impuestos generales de
ámbito nacional, los españoles pagan los mismos impuestos en todas partes: IVA,
sociedades y cotizaciones sociales – con algunas salvedades- y en impuestos
especiales, y, también, con mayores matices, en el caso del IRPF, donaciones y
patrimonio. Cada español para cantidades diferentes por cada impuesto, pues
esos pagos, son proporcionales a los ingresos declarados por renta y
patrimonio, por la nómina declarada y por el gasto, en el caso del IVA. En la
medida en que los españolesque viven en
Madrid, Cataluña y Baleares tienen una renta mayor que la media, pagan más y,
como gastan más, también pagan más por IVA e impuestos especiales. Este tipo de
impuestos, fijos y no progresivos, a nivel personal, discriminan negativamente,
de hecho, a las personas que tienen menor nivel de renta y, por tanto, lo
mismo, se podría decir de las autonomías, más pobres, aunque mejor sería
siempre hablar de personas. La razón de
esta discriminación es que las rentas recibidas por todos los conceptos por los
habitantes de una autonomía, una vez pagados todos los impuestos, se convierten
en los que se denomina “renta disponible”, que se puede gastar libremente en lo
que se quiera. El resultado es que la renda disponible de las personas con
renta más bajas que viven mayoritariamente en las autonomías más pobres, se
reducen lo mismo proporcionalmente que las de las más prósperas, pero lo que
les resta, tras hacer frente a los gastos más elementales es mínimo.
Sucesiones,
donaciones y patrimonio. Las autonomías más ricas entre las de régimen común,
Madrid, Cataluña y Baleares, son las que más ingresan por esos conceptos.,
alrededor de 600 millones de euros anuales cada uno.
En cuanto
el IRPF y dado el nivel de renta medio de las autonomías más ricas, se puede
considerar que el impuesto adicional que significa la progresividad es lo que
pagan, de más, las autonomías en las que viven personas que tienen mayores rentas
declaradas. Es decir, si la renta media en esas tres autonomías es superior en
un 30% a las del resto de las autonomías de régimen fiscal común, el carácter
progresivo del impuesto se traduce en un pago por IRPF más que proporcional. Si como
parece el tipo medio de IRPF en las autonomías más pobres es del 25%, el de las
más ricas, Cataluña, Madrid y Baleares, posiblemente es del 35% sobre lo
declarado. Los datos de FUNCAS para 2002 son que los ingresos públicos por el
concepto de impuestos directos sobre las familias fueron de 11.352 millones de
euros en Cataluña, 11.997 en Madrid y 1.178 millones en Baleares; en conjunto
24.500 millones de euros frente a una recaudación nacional de 51.646 millones.
Sobre las
cotizaciones socales, que podemos también considerar como impuesto progresivos,
existe un pago mayor en las autonomías donde están dadas de alta personas que
declaran mayor renta, pero el límite máximo de cotización se alcanza muy
rápidamente, por lo que no puede considerarse que exista un sobrepago por este
concepto. Acerca
del impuesto sobre sociedades, podemos decir que es otro impuesto que confunde
a los políticos de las autonomías más ricas. ¿Dónde se genera el beneficio de
una sociedad que paga sus impuestos en una determinada autonomía? ¿en la propia
autonomía? ¿En el resto de España? ¿cómo se asigna una actividad a una región u
otra? ¿en función de las ventas? ¿de los precios de venta de cada autonomía?
¿de los márgenes netos comerciales logrados en cada autonomía? ¿Qué ocurre con
los beneficios regionalizados, una vez descontadas las actividades de
promoción? ¿Y qué ocurre con los beneficios derivados de las ventas al
exterior, ya que se exporta el 31% del PIB? ¿y con los beneficios de las
importaciones? ¿Y como distribuir los pagos por este impuesto entre autonomías
en el caso de las multinacionales, y que tienen precios internos de
transferencias y que siempre tratan de ajustarlos para pagar lo menos posible?
¿cómo discriminar entre sociedades que sólo tienen el domicilio fiscal en una autonomía,
y en ella se contabiliza el impuesto de sociedades y dónde se genera realmente
el beneficio? En el caso de Madrid y Barcelona se domicilian miles de empresas
que tienen su actividad principal en otros ámbitos territoriales, pero a las
que la capitalidad o el significado económico de Barcelona, impulsan a darse de
alta fiscalmente en ellas. ¿Dónde residen los accionistas?, pregunta casi
imposible de contestar.
En cuanto
al IVA, dado que es un impuesto de tipo único en toda España, podemos decir lo
mismo que con lo que hemos dicho sobre el impuesto de sociedades, y por tanto
tampoco se puede regionalizarse los ingresos que se producen por este concepto.
Por ello el IVA no puede distribuirse con carácter autonómico.
Veamos el
reparto del gasto público. El criterio para asignar el gasto presupuestario es
el poblacional, y se ha complementado con el de la superficie, la densidad de
población y la insularidad, además de otros diferentes para los gastos
sanitarios, como la edad, Respecto a la inversión, el criterio ha sido el de
gastar un mayor porcentaje en las autonomías con menor nivel de renta,
igualando el criterio que nos aplica
la
UE para los proyectos que se financian a través de los fondos
estructurales y fondos de cohesión. El Fondo de Compensación Interterritorial
está dotado con 1.011 millones de euros para 2004.El Fondo de Suficiencia es algo más de 25.000
millones de euros; solo dos autonomías, Madrid y Baleares tienen recursos más
que suficientes, que devuelven al presupuesto del estado por un total de 320
millones de euros. El acuerdo unánime alcanzado en 2001 entre todas las
comunidades autónomas y el estado establecía que el gasto público se produciría
en un 94% en función de la población, un 4,2% en función de la superficie, un 1,2%
en función de la dispersión de la población y el 0,6% restante se destinaba al
pago por insularidad. Con excepción a este criterio de reparto del gasto, el
75% del gasto sanitario total se distribuía en base a la población, el 24,5 en
función de los mayores de 65 años, y el restante 0,5% se asignaba a las islas.
En el
caso de nuestra Comunidad Autónoma Valenciana en el período 2001-2005 fue la
cuarta región con saldo negativo (por detrás de Madrid, Cataluña y Baleares);
pero nuestra Comunidad en la novena de las más ricas, por ello
La Rioja, Aragón y Cantabria
que tienen mayor PIB, reciben ayudas de los ciudadanos valencianos. Nuestra
Comunidad debe exigir un nuevo modelo de financiación que tenga en cuenta el
incremento poblacional (estamos rozando los cinco millones de habitantes).
La
dificultad de cómo imputar el reparto de las inversiones públicas (por ejemplo AVE,
AENA, la deuda de la administración central, las obligaciones de la seguridad
social, etc.) es la mejor demostración de que toda la discusión sobre balanzas
y transferencias fiscales entre autonomías es un disparate. Sobre todo pensando
en España como nación y que los sucesivos gobiernos nacionales se han tomado
con criterios nacionales, aun a sabiendas que a veces se estaba beneficiando a
algunas regiones sobre otras pero siempre sobre la base de intereses generales
a largo plazo. Por tanto, y según criterio de Recarte, nadie tiene argumentos
suficientes y probados para decir que el actual sistema fiscal perjudica a unas
autonomías y beneficia a otras, o que una autonomía transfiere fondos a las
otras. Nuestro sistema fiscal y económico no está pensado en estos términos,
sino en clave nacional. Lo que importa son las personas, no los territorios,
del carácter que sean.
AGUSTIN VILLANUEVA
Profesor de Economía Aplicada de
la UMH
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