DÉNIA.–– El abogado de la Plataforma contra la Ley de Costas, José Ortega, presentará un escrito el próximo viernes ante el Parlamento Europeo (PE) para solicitarle que envíe a España una comisión de parlamentarios para estudiar cómo se aplica esta norma y dicte resolución, ya que, a su juicio, el Ministerio de Medio Ambiente aplica esta normativa de manera "retroactiva, arbitraria y abusiva, con perjuicio del derecho de propiedad, a la igualdad, al domicilio, a la seguridad jurídica y a la exclusión de la arbitrariedad".

En el documento, Ortega considera que la aplicación de la Ley de Costas de 1988 ha dado lugar a "escándalo, sufrimiento moral y económico y graves perjuicios no solo para ciudadanos españoles, sino también para otros ciudadanos de la Unión Europea con residencia en España".

Asimismo, en este escrito, el letrado de la Plataforma contra la Ley de Costas pide a la comisión de peticiones del PE que cree un registro electrónico para que los ciudadanos "puedan sumarse a esta queja", y le insta a enviar miembros de la comisión "a los diversos lugares donde han tenido o están teniendo lugar los hechos denunciados para comprobarlos".

Según José Ortega, la aplicación de la Ley de Costas "vulnera diversas normas", como es el caso del apartado tercero del artículo nueve de la Constitución Española (CE) porque éste "prohíbe la aplicación retroactiva de normas restrictivas de derechos y la arbitrariedad de los poderes públicos y garantiza la seguridad jurídica".

No obstante, según el escrito, la nora se aplica de forma "retroactiva", una situación que "violenta la seguridad jurídica y constituye una actuación arbitraria". También critica que se dan otras "acciones arbitrarias", como "la aplicación de la ley con criterios opuestos dependiendo del caso de que se trate, o la negativa a reconocer determinados derechos de concesión, cuando los propietarios pierden su propiedad como consecuencia de un deslinde del dominio público".

El abogado señala que también se vulnera el artículo 14 de la CE, ya que "se están produciendo aplicaciones de la Ley de Costas desiguales, incluso con criterios opuestos, en función de las conveniencias o el capricho de la administración"; y el 33 porque "se está dando lugar a expropiaciones sin indemnización".

Además, añade que quedan vulnerados el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, cuando garantiza que "nadie será privado arbitrariamente de su propiedad", ya que, en su opinión, la Ley de Costas "conduce a la pérdida de la propiedad y tiene carácter arbitrario"; y el artículo 44 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea, pues la situación que se denuncia "impide a los ciudadanos europeos el aprovechamiento de las propiedades inmuebles que han adquirido en España".

Otro de los artículos vulnerados, según indica en el documento, es el octavo del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, en relación con el artículo 47 de la Constitución Española, "en cuanto que los afectados por los hechos que se denuncian están siendo privados de los inmuebles que constituyen sus domicilios", lo que constituye, a su entender, "el peor caso de injerencia".

Al respecto, José Ortega subraya que los Tribunales de España "interpretan este derecho en sentido amplio", por lo que consideran que "queda violado incluso por la emisión de olores o ruidos molestos, por lo que nada se opone a la consideración como tal de esta injerencia extrema constituida por la privación arbitraria del domicilio propio".

Sin embargo, lamenta que la aplicación de la Ley de Costas "está llevando a que queden privadas de sus viviendas muchas personas que han contraído una hipoteca, a veces por importes altísimos, para la adquisición de la misma". Así, critica que, tras aprobarse el deslinde, estos ciudadanos "perderán la propiedad", y añade que, "si se cumplen las anunciadas intenciones de la Dirección General de Costas, las viviendas serán demolidas a cambio de una indemnización mínima, y probablemente ridícula, por el valor del ladrillo", con lo que los afectados "se verán expulsados de sus viviendas pero deberán seguir pagando la hipoteca".

"Esto les impedirá la adquisición de una nueva vivienda", lamenta el abogado, quien sentencia que la aplicación de la Ley de Costas "está impidiendo o va a impedir en muchos casos la mera posesión de un domicilio", lo que constituye "una violación de derechos fundamentales".

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¿porque?, Tengo mi casa desde hace mas de 50 años, cuand febrero 12, 2008     

Tengo mi casa desde hace mas de 50 años, cuando teniamos dunas delante de nuestros, y Denia no era mas que un pueblo que empezaba a tener turismos, desde entonces que estamos contribuyendo con el ayuntamiento con nuestras tasas, porque ellos no nos ayudan, y ya que por su grandeza en el puerto se estan comiendo nuestras playas del lado norte de denia, porque no nos ponen espigones y nos hacen las playas como las que tenemos a nuestro alrededor. que lastima que no viva cerca, o porque no al lado nuestro, una urbanizacion donde fueran todos los peces gordos de esta españa nuestra que la estan destruyendo y enriqueciendo los lugares que a los señores poderosos les da la gana porque les dan sus BUENAS COMISIONES DE DINERO O TIERRAS.

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